El Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal se ha llevado a cabo cada cinco años desde 1955. En estos congresos se reúnen gobiernos, sociedad civil, instituciones académicas y expertos en prevención del delito y justicia penal para colaborar en la elaboración de la agenda y las normas de las Naciones Unidas sobre estas materias.
De esta forma, durante 60 años, los congresos han influido en las políticas de justicia penal y han contribuido al fortalecimiento de la cooperación internacional en los temas de prevención del delito, justicia penal y formas de enfrentar la amenaza mundial de la delincuencia organizada transnacional
Desde el año 1955 se han llevado a cabo 13 congresos, cuyos principales logros de detallan a continuación:
El Primer Congreso se realizó en Ginebra, en el año 1955. Se aprobaron las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.
El Segundo Congreso se llevó a cabo en 1960, en Londres. Este se enfocó en la prevención de la delincuencia juvenil, se recomendaron servicios especiales de policía para la justicia de menores; asimismo, se discutió sobre el crimen resultante del cambio social y el desarrollo económico.
El Tercer Congreso fue el de Estocolmo, en el año 1965. Dicho evento se enfocó en la asistencia técnica en materia de prevención del crimen y justicia penal, así como en investigación criminológica para la prevención del delito.
En 1970 se realizó el Cuarto Congreso, en Kyoto, Japón. En este se exhortó a que se mejorara la planificación de la prevención del delito para el desarrollo económico y social.
En Ginebra, en el año de 1975, se llevó a cabo el Quinto Congreso. En este se aprobó la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
El Sexto Congreso tuvo lugar Caracas, en el año 1980. En este evento se adoptó una Declaración en donde se reconoció que la prevención del delito debía basarse en las circunstancias sociales, culturales, políticas y económicas de los países.
En 1985 se realizó el Séptimo Congreso, en Milán. Se aprobó el Plan de Acción de Milán y varias reglas y normas nuevas de las Naciones Unidas, en el marco del tema “Prevención del delito para la libertad, la justicia, la paz y el desarrollo”.
El Octavo Congreso fue en la Habana, en 1990. En este, se aprobaron documentos modelos sobre: Las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre medidas no privativas de la libertad, los principios básicos para el tratamiento de personas privadas de libertad, las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, las reglas de las Naciones Unidas para la protección de jóvenes privados de libertad, los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por oficiales de seguridad pública, las directrices sobre la función de los fiscales; y los principios básicos sobre la función de los abogados.
El Noveno Congreso tuvo lugar en el Cairo, Egipto, en año 1995. Se enfocó en la cooperación internacional y la asistencia técnica y práctica para el fortalecimiento del Estado de Derecho; asimismo, se enfocó en acciones contra el crimen organizado transnacional, el rol del Derecho Penal en la protección del ambiente, justicia penal y sistemas de policía y estrategias de prevención del delito en relación con el crimen en áreas urbanas, así como criminalidad juvenil.
En el año 2000 se celebró el Décimo Congreso, en Viena. Se adoptó la Declaración de Viena. En ella, los Estados miembros se comprometieron a fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia transnacional y la reforma penal.
El Onceavo Congreso fue en el año 2005 en Bangkok, Tailandia. Aprobó la Declaración de Bangkok, un documento político crucial en el que se sientan las bases de la coordinación y cooperación internacionales con miras a prevenir y combatir la delincuencia y se imparten directrices para fortalecer esa coordinación y cooperación.
El Doceavo Congreso del año 2010 fue en Salvador, Brasil. La agenda se basó en los niños y jóvenes, en el tráfico ilícito de migrantes, trata de personas, lavado de dinero, y delitos cibernéticos.
Es así como 5 años después, en el 2015, se celebró el Treceavo Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Justicia Penal, en la ciudad de Doha, Qatar . El tema de este Congreso fue: “La integración de la prevención del delito y la justicia penal en el marco más amplio del programa de las Naciones Unidas para abordar los problemas sociales y económicos y promover el Estado de Derecho a nivel nacional e internacional, así como la participación pública”.
Los temas a tratar en el Congreso fueron aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 67/184, y se reiteró en la resolución 68/185 del 18 de Diciembre de 2013.
Concretamente, los temas del programa de este congreso fueron los siguientes:
- Éxitos y problemas en la aplicación de políticas y estrategias amplias de prevención del delito y justicia penal para promover el estado de derecho a nivel nacional e internacional y para apoyar el desarrollo sostenible;
- Cooperación internacional, incluso a nivel regional, para combatir la delincuencia organizada transnacional;
- Enfoques amplios y equilibrados para prevenir y afrontar adecuadamente formas nuevas y emergentes de delincuencia transnacional;
- Enfoques nacionales de la participación pública en el fortalecimiento de la prevención del delito y la justicia penal.
Uno de los principales documentos que tuvo como resultado este Treceavo Congreso es el “Proyecto de Declaración de Doha sobre la integración de la prevención del delito y la justicia penal en el marco más amplio del programa de las Naciones Unidas para abordar los problemas sociales y económicos y promover el estado de derecho a nivel nacional e internacional, así como la participación pública.”
Los principales puntos de la Declaración de Doha se pueden sintetizar de la siguiente manera:
- Se reafirma el carácter intersectorial de las cuestiones relacionadas con la prevención del delito y la justicia penal y la consiguiente necesidad de incorporar esas cuestiones en el programa más amplio de las Naciones Unidas, a fin de mejorar la coordinación en todo el sistema.
- Los Estados miembros se comprometen a adoptar enfoques holísticos y amplios para combatir la delincuencia, la violencia, la corrupción y el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, y a velar por que esas respuestas se pongan en práctica de manera coordinada y coherente, junto con medidas o programas más amplios de desarrollo social y económico, erradicación de la pobreza, respeto de la diversidad cultural, paz e inclusión social.
- Se acoge el proceso intergubernamental inclusivo y transparente de la agenda para el desarrollo después de 2015, cuya finalidad es formular objetivos mundiales de desarrollo sostenible que deberá acordar la Asamblea General.
- Se reafirma el compromiso y la firme voluntad política en apoyo de los sistemas de justicia penal eficaces, imparciales, humanos y responsables y de las instituciones que los integran, y se alienta la participación efectiva y la inclusión de todos los sectores de la sociedad, lo cual permitirá crear las condiciones necesarias para promover el programa más amplio de las Naciones Unidas. Para ello, se procuran 20 tareas concretas.
- Se indica que la educación para todos los niños y jóvenes, incluida la erradicación del analfabetismo, es fundamental para prevenir la delincuencia y la corrupción y promover una cultura de legalidad que propugne el estado de derecho y los derechos humanos y respete al mismo tiempo la identidad cultural.Se destaca también a ese respecto, el papel fundamental de la participación de los jóvenes en las iniciativas de prevención del delito.
- Se procura fortalecer la cooperación internacional como piedra angular de los esfuerzos dirigidos a mejorar la prevención del delito y asegurar que los sistemas de justicia penal sean eficaces, imparciales, humanos y responsables y, a la larga, prevenir y combatir todos los delitos. Para ello, se procuran 14 tareas concretas.
- Procurar garantizar que los beneficios de los avances económicos, sociales y tecnológicos se conviertan en un factor positivo que dinamice la labor para prevenir y combatir las formas nuevas y emergentes de delincuencia.
- Apoyar la creación y aplicación de procesos consultivos y participativos en materia de prevención del delito y justicia penal, a fin de lograr la participación de todos los miembros de la sociedad. Asimismo, se indica la necesidad de adoptar medidas para garantizar la contribución de la sociedad civil, el sector privado y las instituciones académicas, incluida la red de institutos del programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, así como los medios de comunicación y todos los demás interlocutores pertinentes, en la formulación y aplicación de políticas de prevención del delito.
- Intensificar la cooperación internacional, defender el estado de derecho y garantizar que los sistemas de prevención del delito y justicia penal sean eficaces, imparciales, humanos y responsables. Se reafirma la importancia de contar con políticas y programas de asistencia técnica adecuados, duraderos, sostenibles y eficaces. Para ello, entre otras cosas se invita a la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, la red de institutos del programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal y todas las entidades de las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales y regionales pertinentes a que, en cumplimiento de sus mandatos, sigan coordinándose y cooperando con los Estados Miembros para ofrecer respuestas eficaces a los problemas que se afrontan en los planos nacional, regional y mundial, así como para aumentar la eficacia de la participación pública en la prevención del delito y la justicia penal, entre otras cosas mediante la preparación de estudios y la elaboración y ejecución de programas.
Es así como las Naciones Unidas, en el marco de la prevención del delito y la justicia penal, una vez más procura el fortalecimiento de la cooperación internacional de cara a enfrentar los fenómenos delictivos más complejos de la actualidad; en esta ocasión, mediante el abordaje de los problemas sociales y económicos, la garantía de participación pública y la promoción del estado de derecho tanto a nivel nacional como internacional. Para mayor información siga este vínculo.