Primer Congreso Interamericano sobre Sistema Penal Acusatorio y Derechos Humanos

El ILANUD coauspició el “Primer Congreso Interamericano sobre Sistema Penal Acusatorio y Derechos Humanos” que organizaron conjuntamente la Universidad La Salle, la Barra Interamericana de Abogados, la Universidad de Ciencias Jurídicas de Morelos y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que se llevó a cabo en la ya referida Universidad la Salle con sede en Ciudad de México, entre los días 14, 15 y 16 de junio de 2016, en el que participaron ponentes provenientes de Costa Rica, Colombia, México, Perú y México, al que acudieron alrededor de 300 personas.

En la foto adjunta, Adriana Lander, Representante del ILANUD, participa en el acto de apertura de este Congreso, que se llevó a cabo el día 14 de junio de 2015, acompañada en el presidium por las autoridades de la Unversidad La Salle, encabezadas, por su Rector, Dr. Enrique González Alvarez; así como por la Embajadora de Costa Rica en México, Dra. María Eugenia Venegas Renauld; el Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Dr. Fernando Cruz Castro; el Juez Supremo Titular de la Corte Suprema de Justicia del Perú, Dr. César Hinestrosa; el Presidente de la Barra Interamericana de Abogados, Dr. Rubén Pacheco, el Rector de la Universidad de Ciencias Jurídicas de Morelos, Dr. Cripriano Sotelo, entre otras altas autoridades presentes.

Aprovechando la presencia de los ponentes extranjeros, las instituciones organizadoras realizaron un evento paralelo en la Universidad de Ciencias Jurídicas de Morelos, denominado “Tercer Congreso Internacional sobre los Derechos Humanos y el Debido Proceso”, en el que – entre otros – participaron los ponentes provenientes del Poder Judicial de Costa Rica, el Magistrado Fernando Cruz Castro, la Master Marcela Arroyave y el Juez Alfredo Araya.

Estos Congresos se llevaron a cabo en una semana muy importante para México, toda vez que el pasado 18 de junio de 2016, entró en plena vigencia el nuevo sistema de justicia penal en ese país, luego de ocho años de “vacatio legis” de la respectiva reforma constitucional.

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