Declaración de Tegucigalpa
Los principales juristas de la región, entre ellos Eugenio Raúl Zaffaroni, reunidos en la Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, emitieron un documento que traza el panorama de la violencia en estos países, advierte que los jóvenes son las principales víctimas y lanza un llamado para trabajar en los factores que convergen en el fenómeno. Entre ellos, la situación en las cárceles, el accionar policial, los medios de comunicación, el comportamiento de ciertos políticos, el desempeño judicial. Aquí, el texto.
Nuestra región sufre una violencia letal inusitada, en comparación con casi todos los países del mundo que no padecen conflictos armados. Así lo revelan las cifras oficiales de muertes violentas. Las víctimas fatales de esa violencia son, en aterradora mayoría, nuestros jóvenes y adolescentes. El incalificable crimen de Ayotzinapa en México no es más que una macabra aberración que proporciona visibilidad a una masacre continuada, que desde hace unos años viene cobrando vidas jóvenes ante la indiferencia, el ocultamiento o la normalización mediática que opera sedativamente sobre las poblaciones, al tiempo que distrae la atención con instigaciones descaradas a la venganza más primitiva, al desprecio de los valores más elementales de la humanidad y a un retorno irracional a la premodernidad.
Frente a los hechos de Ayotzinapa no se trata sólo de condenar una situación que se ha “desnormalizado” buscando a los culpables puntuales y menos aún inventándolos, sino de encarar seriamente el cuadro general de violencia criminal e institucional –en demasiadas ocasiones superpuestas–, del que el aberrante episodio no es más que un capítulo de una región que confiesa padecer los índices de homicidios más altos del mundo: entre los 23 países que en el mundo superan el índice de homicidios de 20 por cien mil habitantes anuales, 18 son latinoamericanos y del Caribe.
Los esfuerzos institucionales y personales de quienes cultivan y enseñan nuestras disciplinas en la región, por elemental imperativo moral, no pueden dejar de concentrar su atención en la salvación de vidas de nuestros jóvenes y adolescentes. Contra la campaña mediática sucia, llevada a cabo en casi toda la región, las cifras muestran que los adolescentes son mucho más víctimas que victimarios. La victimización muestra una clara selección etaria y también una lamentable tendencia discriminatoria no sólo clasista sino también de género y racista.
Sin duda que son varios y complejos los factores que inciden en la producción de un número tan aterrador de muertes. De cualquier manera los conocemos, aunque no disponemos de todas las respuestas adecuadas, incluso sabemos que muchas no tendrían valor universal, y ni siquiera validez en toda la región. Por ende, recomendamos a todos nuestros colegas y a todos los que con buena voluntad, desde otras latitudes, quieran sumarse al esfuerzo, poner especial énfasis en el estudio de los siguientes problemas que convergen en la desgraciada coincidencia productora de esta continuidad masacradora:
1. Desbaratamiento de la legislación penal y procesal penal tradicional y respetuosa de la dignidad humana; penas irracionales, empleo generalizado de la prisión preventiva, sistemas inquisitoriales disfrazados de acusatorios, etcétera.
2. Superpoblación carcelaria, deterioro de las condiciones prisionales, altísimo porcentaje de presos sin condena, altísima morbilidad y mortalidad carcelaria.
3. Autonomización de las fuerzas policiales y consiguiente incremento de sus fuentes de financiación ilícita, entrenamiento violento, orden interno autoritario y arbitrario, prohibición de la sindicalización, negligencia en el cuidado de la vida de sus miembros, en particular los de menor jerarquía.
4. Letalidad del accionar policial, ejecuciones sin proceso, procedimientos especiales que facilitan la impunidad, análisis de las víctimas del accionar policial, demostrativo de tendencias racistas y clasistas en su selección.
5. La asignación de funciones policiales a las fuerzas armadas, con el consiguiente riesgo de su deterioro y paralelo debilitamiento del potencial de defensa nacional.
6. La función de los medios de comunicación, especialmente de los radiales y televisivos monopolizados y oligopolizados. Sus mensajes vindicativos, su prédica amenazadora para linchamientos de políticos y jueces, su comunicación de entretenimiento (series policiales), su agresión a las garantías constitucionales, la creación de realidad violenta donde no la hay y el disimulo o normalización donde la hay.
7. La sumisión del comportamiento político ante la presión mediática televisiva. Los políticos y gobernantes que reaccionan por miedo, y los que lo hacen por oportunismo, ignorancia o incapacidad de acceder a la realidad.
8. Las actitudes judiciales, el grado de independencia judicial para investigar la violencia del crimen organizado y las policías, su aptitud para hacer valer las garantías. Las amenazas y destitución a jueces por parte de las cúpulas del poder político y de los medios concentrados.
9. La profusión de armas de fuego, su control y supervisión, su venta comercial. La incidencia en muertes violentas.
10. Las diferentes situaciones y el lenguaje bélico que genera la prohibición de tóxicos según la ubicación geográfica y el papel desempeñado por cada país en la cadena de producción, comercialización y exportación. Los resultados hasta el presente son claramente paradojales en todo el continente. Si bien las soluciones no son simplistas, es claro que la actual política regional debe reverse con urgencia, dado que a todas luces es una de las más claras fuentes de muertes violentas, no por efecto de los tóxicos, sino de los homicidios. En tal sentido debe mirarse con atención el proceso de cambio iniciado en la República Oriental del Uruguay.
Estos problemas, cuya investigación se nos impone, tienen un marco que no es posible ignorar, aunque su reversión escapa de nuestras manos. América latina es una región que presenta los índices de desigualdad distributiva de la renta también más altos del mundo. Si bien se trata de una cuestión de política general, no podemos dejar de señalar su significativa correlación con los índices de homicidios.
Tegucigalpa, 20 de noviembre de 2014.
Firmantes: Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina), Carmen Antony (Panamá), Elías Carranza (Costa Rica), Matías Bailone (Argentina), César Landelino Franco (Guatemala), Jorge Rossel (Venezuela), Alejandro Alagia (Argentina), Germán Aller (Uruguay), Rodrigo Codino (Argentina), Myrna Villegas (Chile), Luis Fernando Niño (Argentina), Jorge Carreón (México), Hermes Ramírez (Honduras), Iván Martínez (Honduras), Manuel Espinoza de los Monteros (México), siguen las firmas.