San José, 9 de enero del 2018.- El Estado de Costa Rica, acudiendo a la función consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), solicitó una interpretación de lo que la Convención Americana establece sobre los derechos de las parejas del mismo sexo y sobre la identidad de género. La Corte recibió los aportes de nueve Estados del continente, organismos internacionales, organismos estatales, decenas de asociaciones internacionales y nacionales, instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales y personas.
El Tribunal Interamericano emitió hoy su Opinión Consultiva en la que determinó, de manera histórica y creando precedentes en la región, que los Estados deben “reconocer y garantizar todos los derechos que se derivan de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo”. De la misma manera, en su respuesta, afirmó que los Estados deben garantizar “la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación con respecto a las que están constituidas por parejas heterosexuales”, adecuando, de ser necesario, su legislación interna para, por ejemplo, en el caso del matrimonio, se extienda a todos y todas por igual, con las mismas garantías y derechos.
En cuanto a la identidad de género, la Corte IDH fue clara al determinar que, como una manifestación de la autonomía personal, “es un elemento constitutivo y constituyente de la identidad de las personas”, apuntando además que los Estados parte de la Convención Americana tienen la obligación de reconocer, regular, y establecer los procedimientos adecuados para el cambio de nombre, adecuación de la imagen y rectificación de la referencia al sexo o género, para que éstos sean acordes con la identidad de género autopercibida. Así pues, la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género es una violación de derechos humanos.
La decisión de la Corte IDH resulta de enorme trascendencia para guiar, no sólo al Estado costarricense, sino a los Estados americanos, en el desarrollo de normativa y políticas públicas que garanticen los derechos de todas las personas, en igualdad, y permitan superar la realidad de discriminación y violencia que sufren las personas LGBTI en nuestro continente y el mundo.